Auditoria Forense Aplicada a la Política (página 2)

Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) es un programa del gobierno
colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores
colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el
entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés
Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Se han
denunciado irregularidades en la ejecución del programa
relacionados con actos de corrupción y beneficios a
algunos terratenientes.1 En cifras de 2009 el gobierno
reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300
mil agricultores.

Las cifras más conocidas corresponden a las
entregadas por el Distrito de Riego, publicadas inicialmente en
el portal de Agro Ingreso Seguro, actualmente fuera de servicio.
La lista de quienes hasta esa fecha habían conciliado
incluye: Andrés Felipe Vives Prieto, Orlandesca S.A.,
Jorge Franco Tribin Jassir, Biofrutos S.A., C.I La Samaria S.A.,
Luis Miguel Vergara Díaz Granados, Guillermo Barrios del
Ducca, Ecobio Colombia Ltda., Jesús Carreño
Granados, Inagros S.A., Nicolas Simón Solano Tribín
y Gustavo Solano Tribín.

En proceso de conciliación: Alfredo Lacouture
Dangond, C.I El Roble S.A., Juan Manuel Dávila
Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Jimeno,
Agroindustrias JMD y CIA S.C.A., María Clara
Fernández de Soto, Ana María Dávila
Fernández de Soto, José Joaquín Riveros
Páez, Palmeras del Llano S.A., Construmundo S.A, Vicala
S.A., Vizu S.A., Sanvi S.C.A., Mevicala S.C.A., Sovijilla S.A.,
Vicalavi S.A., Banavica S.A., Vibeych S.A. e Inmobiliaria
Kasuma

El escándalo de Dragacol fue un caso de
corrupción que se presentó por la
contratación entre entidades del gobierno colombiano y la
empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del
Caribe S.A. (Dragacol), en marzo de 1999.

En uno de los casos, el Ministerio de Transporte
pagó cerca de 1.2 billones de pesos colombianos por la
draga "Josefina" cuando dicha maquinaria estaba supuestamente
embargada, pero en realidad estaba siendo operada para realizar
otro contrato en la ciudad de Cartagena de Indias. Dragacol no
cumplió con los contratos para la ejecución de
dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al
río Magdalena y al canal de acceso al puerto de
Buenaventura. Se descubrió también que existieron
fallas en la conciliación laboral por cerca de 26 mil
millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol,
firmada el 6 de noviembre de 1998. Fue denunciado en el Congreso
de Colombia por el senador Javier Cáceres Leal y llamado a
indagatoria el ex ministro Mauricio Cárdenas por el senado
para explicar el caso.

Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las
dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director
General Marítimo de la Armada de la República de
Colombia (Dimar). De los 26 mil millones se debieron pedir
según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los
4.000 millones de pesos.

Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en
entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y
declaró responsable al ex ministro Mauricio
Cárdenas basándose en el inciso segundo del
artículo 40 de la ley 472 de 1998

Escándalo de los falsos positivos es como se
conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008
que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el
asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como
guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto
armado que vive el país. Estos asesinatos tenían
como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de
combate.

A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional
Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho
Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.

Si bien ya se venían conociendo denuncias y
especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se
conoció en los últimos meses de 2008 sobre la
aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que
habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a
Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur
occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del
ejército en Norte de Santander, cuando se destapó
el escándalo. Desde entonces han aparecido otros casos en
Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.

Por dicho escándalo han sido destituidos varios
oficiales y suboficiales del ejército y el comandante de
dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya,
renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente
Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han
puesto en tela de juicio algunos procedimientos de la llamada
Política de Seguridad Democrática emprendida por el
gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez.

Para Octubre del 2009 la Fiscalía General de la
Nación tenía bajo investigación 946 casos
relacionados con posibles "falsos positivos" y la
Procuraduría 1043.1

Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en
febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en
estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de
términos.

Otro de los casos de corrupción en la
política es el del Proceso 8.000 (Proceso 8 mil) es el
nombre con el que se conoce al proceso judicial que se
emprendió contra el Presidente de la República de
Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir
financiación de parte del narcotráfico para su
campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un
expediente que tenía ese número en la
fiscalía de Cali, que correspondía a un
allanamiento hecho en las oficinas de un contador de nacionalidad
chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali; el
material se encontraba inactivo, a pesar de contener datos que
indicaban la posibilidad de que varias campañas
políticas al congreso habrían recibido aportes
económicos de origen ilícito. A pesar de que ese
número se limita exclusivamente a este expediente, los
medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el
fenómeno posterior, cuando se investigó la
campaña del Presidente Samper. Se investigó y
condenó a prisión a congresistas, candidatos y
ministros.

El Proceso 8.000 tuvo grandes consecuencias a nivel
nacional e incluso inusitadas consecuencias a nivel internacional
para el país. A nivel internacional se deterioraron las
relaciones diplomáticas con los países andinos y
con Estados Unidos, que no dudó en desertificar al
país y retirar la visa al Presidente Samper y otros
políticos de importancia; lo cual generó un
interés del gobierno nacional para lograr acercamientos
con la Unión Europea. Sin embargo las relaciones
diplomáticas lograron restaurarse antes del final del
mandato de Samper. A nivel nacional hubo un gran malestar general
entre la población (el cual aumento ligeramente con la
desertificación), la cual veía deslegitimada la
autoridad del Estado y de las instituciones.

Ocurrieron grandes marchas tanto a favor de Samper como
en su contra pidiendo su renuncia. Causa curiosidad una
excéntrica marcha que se efectuó para pedir la
renuncia del Presidente Samper y de sus más cercanos
colaboradores el día 28 de mayo de 1996, efectuada por
varias organizaciones estudiantiles, en donde se empleó
una carroza con forma de elefante (en alusión a la
declaración del cardenal colombiano Pedro Rubiano cuando
sostuvo que el que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta
del ingreso de grandes cantidades de dinero del
narcotráfico a su campaña presidencial de 1994 era
como «si un elefante se mete en tu casa y no te
enteras»), la cual cargaba 8.000 mogollas (un pan
tradicional colombiano), como forma de burla del proceso y el
juez del mismo, el Congresista Heyne Mogollón, las cuales
fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio
Nacional.

En dicha marcha se acusaba a Mogollón de ser
aliado de Samper e intentar arruinar la
investigación.

Luego de atacar al congresista la marcha se
enfrentó con un grupo de personas que apoyaba a Samper,
quienes destruyeron parcialmente la carroza.

La parapolítica (o Para-política) es el
nombre con el que se le conoce al escándalo
político desatado en Colombia a partir de 2006 por la
revelación de los vínculos de políticos con
paramilitares, con posterioridad al proceso de
desmovilización que adelantaron varios de los grupos que
conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se
les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema
derecha que se autodenominan como autodefensas y que están
generalmente ligados al narcotráfico.

Según las investigaciones varios dirigentes
políticos y algunos funcionarios del Estado se
habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la
intimidación y la acción armada de los grupos
paramilitares contra la población civil, algunos
habrían presuntamente alcanzado cargos en
alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones
así como en el Congreso de la República y otros
órganos estatales. A su vez algunos de los
políticos desde sus cargos habrían desviado dineros
para la financiación y conformación de grupos
armados ilegales y habrían filtrado información
para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro
de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos,
desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el
objetivo de extender su poder en el territorio
nacional.

El escándalo se ha desatado en medio de
revelaciones de medios de comunicación, sectores
políticos e investigaciones judiciales que han terminado
con la detención de varios congresistas y otros
políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y
controversias que han polarizado la opinión
pública. La vinculación al proceso de
investigación por parte de la Fiscalía General de
la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de
funcionarios y políticos cercanos al ex presidente de la
República Álvaro Uribe han afectado las relaciones
internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados
Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,2 a la
vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte
Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado
mutuamente de conspiración.3

Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso
de la República debido al creciente número de
Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de
2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los
procesos judiciales dentro del escándalo.12

En diferentes escenarios, algunas entidades de control
del Estado han hecho una revelación escalofriante: el
costo estimado del fraude en Colombia es de 4,2 billones de pesos
al año. Esta cifra, de ser ajustada a la realidad, implica
muchas cosas: que el costo del fraude, la corrupción, la
mala administración, el despilfarro, La pérdida de
economías de escala y toda la gama de atentados contra la
eficiencia y la transparencia de la administración
pública, le cuesta el equivalente de un salario
mínimo mensual a una familia típica de 5 miembros.
4,2 billones de pesos equivalen a casi 2 veces el presupuesto
total de Col- deportes, 2 veces el presupuesto del Sena y 1,8
veces el presupuesto del ICBF13.

Estas comparaciones nos permiten dimensionar el
tamaño del problema que enfrentamos como sociedad, en un
país como el nuestro en el que tantas necesidades se
encuentran insatisfechas por falta de recursos económicos.
Quisiéramos poder refrendar las cifras de los entes de
control (Auditoria General de la República), pero en
materia de cuantificación de un fenómeno como el
del fraude y la corrupción los cálculos distan de
ser confiables. Veamos por qué. Si se tiene en cuenta que
los modelos de medición se basan en los fraudes conocidos,
en las denuncias presentadas, en las encuestas de
percepción y en otras variables imposibles de demostrar,
es preciso admitir que los cálculos sobre el fraude tienen
unos márgenes de error peligrosamente altos.

Además, considerando que las cifras aportadas
solo corresponden a los fraudes descubiertos y divulgados,
deberá considerarse que la porción de hechos
fraudulentos cometidos en contra de los intereses de la
Nación y que no han sido descubiertos, podría ser
eventualmente tan grande o más que la que ha podido ser
identificada y medida en términos
económicos.

Otros dos factores deberían ser tenidos en
cuenta: la "corrupción transparente", que consiste en
hacerle trampa a la enmarañada fronda burocrática y
procedimental, haciendo aparecer como si los pasos que se dan
dentro de un proceso de contratación están en regla
y, en consecuencia, que las adjudicaciones de contratos
públicos se ciñen a la normativa vigente. En
realidad, son muchas las oportunidades que existen para maquillar
información o documentos en un proceso licitatorio, los
cuales solo de vez en cuando son descubiertos de manera oportuna
por los entes encargados de la vigilancia
administrativa.

Lamentablemente nuestro sistema de control posterior no
permite la detección temprana de este tipo de eventos, lo
que seguramente mejoraría la capacidad de reacción
para corregir situaciones de fraude.

El otro factor es el costo social del fraude.
Cuántas horas laborales perdidas, cuánto se
desmejora la calidad de vida de los miembros de una sociedad
sometida al saqueo sistemático de sus recursos?

¿Cuánto más le cuesta al
país conseguir empréstitos de la banca
multilateral, debido a la calificación de riesgo de
corrupción?

Por último, no debemos olvidar que para bailar un
tango se necesitan dos. Aquellos que desde el sector privado
alzan escandalizados sus voces para condenar al sistema por
corrupto, deberían tener en cuenta que resulta muy
difícil para un funcionario público cometer un
fraude, si no cuenta con una contraparte en el sector privado que
le falsifique la oferta, le facilite el presupuesto o Simplemente
le pague comisiones al empleado estatal ávido mide dinero.
La responsabilidad de este fenómeno es
compartida14.

CIFRAS DEL FRAUDE
Y CORRUPCIÓN

Cifras del fraude y la corrupción –
Propiedades. De nuevo se agitan escándalos que vinculan a
empresas de países europeos, acusadas de realizar
prácticas corruptas.

Cuando se logra penetrar en la densa niebla que impide
ver con claridad, resulta evidente que este tipo de actuaciones
se presentan, se han presentado y muy probablemente se
seguirán presentando en el mundo de los grandes
negocios.

En primer lugar, porque no existe el adecuado tono moral
entre quienes contratan. La perspectiva de hacerse con una enorme
cantidad de dinero, cuidadosamente ubicada y disimulada en el
extranjero por el mismo oferente, resulta irresistible para los
que aprueban las grandes compras. Por otro lado, el pago del
soborno otorga un ilimitado poder sobre el sobornado, ya que al
primero ni lo cobijan ni le importan las leyes locales contra la
corrupción. Además, siendo una práctica
comercial normal en sus países de origen, ni siquiera
consideran estar haciendo algo indebido.

Otro aspecto igual o más preocupante es que el
sobornado no podrá exigir calidad ni cumplimiento en
relación con el objeto del contrato, ya que por haber
recibido el soborno queda automáticamente impedido para
cuestionar. En un caso hecho público hace dos años,
en relación con una empresa europea acusada de más
de 4.000 casos de sobornos, el juez que conoció la causa
en Estados Unidos anotaba que dichas empresas recurrían al
soborno como práctica normal de negocios, ante su
incapacidad de competir con otras empresas. En otras palabras,
resulta más barato sobornar que invertir en investigar y
desarrollar nuevos productos para mantener la
competitividad.

En el caso concreto de esta semana, las empresas
acusadas han esgrimido una patética defensa al manifestar
que desde hace 10 años el gobierno de su país
proscribió tales prácticas corruptoras y que en
consecuencia ya no se están utilizando. Si ello fuese
así, entonces bastaría legislar contra el secuestro
y contra el narcotráfico para acabar con dichos delitos.
Además, dicha respuesta es una maniobra de
distracción para dejar sin resolver la inquietud
planteada.

Hemos asistido impotentes al triste espectáculo
de ver cómo las peticiones de extradición de
empresarios y comerciantes de países desarrollados, para
que respondan por delitos de corrupción contra las
economías de las naciones del tercer mundo, nunca son
resueltas a favor de los peticionarios. Al parecer este no es el
camino. Se requiere entonces una política que resalte la
dignidad nacional como valor superior al valor monetario de los
negocios. Se requieren dirigentes que hablen menos de comercio y
más de principios. Corrupción en Colombia ensucia
cada vez más manos.

De acuerdo a planteado anteriormente, se da un ejemplo
de cómo se manejaría una Auditoria Forense Aplicada
a la Política, con el caso reciente y aun vigente en
"investigación", en manos de la Fiscalía y la
Justicia.

CARRUSEL DE LA
CONTRATACIÓN

PLANTEAMIENTO

Cronología del 'Carrusel de contratación'
en Bogotá El escándalo sobre el llamado "Carrusel
de la Contratación" estalló el 25 de junio del
año pasado, cuando Caracol Radio reveló en
exclusiva una grabación que involucraba al Contralor de
Bogotá con la presunta negociación de comisiones
con contratistas. En ella se escucha la conversación que
sostiene el ex congresista

Germán Olano, del Partido Liberal, con Miguel
Nule, uno de los empresarios que para aquel entonces manejaba
gran parte de la contratación en la ciudad.

A los pocos días, la Fiscalía, la
Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron
investigaciones para establecer la responsabilidad del Contralor
Miguel Ángel Moralesrussi y del ex congresista
Germán Olano en la presunta negociación de
comisiones con contratistas. El contralor negó cualquier
relación con la petición de dineros y
denunció que estaban utilizando su nombre.

Sin embargo, el polémico empresario Miguel Nule,
aseguró que tanto el contralor Moralesrussi como el
senador Iván Moreno estaban exigiendo el 6 por ciento de
comisiones sobre los contratos. El escándalo creció
luego de las denuncias de una comisión del Polo
Democrático, liderada por el ex candidato a la
Presidencia, Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en la
adjudicación de contratos y la presunta
participación del senador Iván Moreno, hermano del
alcalde Samuel Moreno Rojas.

TRABAJO DE CAMPO

El 21 de octubre del año 2010, el senador Moreno,
le salió al paso a las acusaciones en su contra
rechazándolas. Lo propio hizo al día siguiente, el
22 de octubre, el alcalde Samuel Moreno en un discurso ante los
medios de comunicación. El mandatario se declaró
cansado de "chismes y rumores" y atribuyó las denuncias
sobre contratación a una campaña de desprestigio
contra él y su familia.

El 22 de octubre se abre investigación preliminar
en la Corte Suprema de Justicia, contra Iván Moreno. Entre
tanto, días después el periodista Daniel Coronel,
reveló que Iván Moreno tendría cuentas en
las Islas Vírgenes Británicas, famosas por ser el
mayor "paraíso" fiscal del Caribe.

Iniciando el mes de noviembre, Miguel Nule
declaró desde los Estados Unidos ante una comisión
de la Procuraduría, La Fiscalía y la
Contraloría que investigan el carrusel en Bogotá.
Entre tanto la Procuraduría abría pliego de cargos
contra 18 funcionarios y ex funcionarios del IDU por estos
hechos, entre ellos Liliana Pardo, ex directora de la
entidad.

El 21 de diciembre, la Contraloría embarga bienes
de los alcaldes Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón por el
contrato de la calle 26 adjudicado al grupo Nule.

El 21 de enero del año 2011, respondió en
interrogatorio el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, el
mismo al que se refieren Miguel Nule y Germán Olano como
destinatario de una comisión en relación con la
fase 3 de TransMilenio.

El 27 de enero, ante la sala penal de la Corte Suprema,
declaró el ex senador Gustavo Petro, a raíz de la
investigación contra el senador Iván Moreno por el
escándalo de la contratación. Petro ha sido uno de
los más fuertes denunciantes de las presuntas
irregularidades.

El 30 de enero la Procuraduría formula pliego de
cargos contra el contralor Moralesrussi y el representante
Germán Olano.

El 7 de febrero, en la audiencia en la
procuraduría donde se juzga a Moralesrussi y a
Germán Olano, el jefe del Ministerio Público
validó la grabación de una conversación
entre Miguel Nule y Germán Olano, donde se habla de
supuestos pagos al contralor de Bogotá y pidió que
se les dé la categoría de víctimas a los
Nule.

En el juicio disciplinario contra el contralor
Moralesrussi y el congresista Germán Olano, declaró
el ex representante de las empresas del grupo Nule, Mauricio
Galofre, quien reveló que oyó al abogado
Álvaro Dávila hablar de comisiones que
serían repartidas al contralor, al alcalde Moreno y a su
hermano Iván.

El 17 de febrero, la Fiscalía anunció que
les imputará cargos por seis delitos al contralor de
Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, a la ex
directora del IDU, Liliana Pardo, y al ex representante
Germán Olano, entre otros.

Según la fiscal general, Viviane Morales los
delitos son contrato sin cumplimiento de requisitos legales
esenciales, interés indebido en la celebración de
contratos, peculado por apropiación, cohecho propio,
concusión y prevaricato por omisión.

Las irregularidades van en 2.2 billones de pesos. La
Fiscalía revelo cifras de carrusel de contratos. El
descalabro por la contratación irregular en Bogotá
supera los 2 billones de pesos. Así lo revelo la
Fiscalía durante la audiencia de imputación de
cargos al destituido ex contralor Miguel Ángel
Moralesrussi, a la ex directora del IDU Liliana Pardo y a su ex
director técnico Inocencio Meléndez.

Ante la jueza séptima de garantías, el
fiscal delegado ante la Corte Suprema, aseguro que Inocencio
Meléndez presuntamente les habría pedido a los Nule
bienes valorados en 4.500 millones de pesos, a nombre de
él y de la ex directora del IDU Liliana Pardo15

DIAGNOSTICO

Para marzo 30 de 2011, las penas que tendrían que
pagar Moralesrussi, Pardo y Meléndez Concusión
porque en calidad de servidor público le habría
exigido dinero a particulares en este caso a los Nule para darles
un trato favorable en los contratos adjudicados por el
distrito.

Prevaricato por omisión por omitir actos y
decisiones estando obligado a hacerlo Contrato sin cumplimiento.
La fiscalía la encuentra responsable de haber celebrado y
adjudicado contratos sin los requisitos establecidos por la ley,
no hay que olvidar que muchos de los contratos de la fase tres de
TM se adjudicaron sin estar listos los diseños y los
predios.

Peculado por que con sus decisiones permitió que
un tercero dispusiera de recursos de la nación. Inocencio
Meléndez era la mano derecha de Liliana Pardo en los temas
jurídicos. Según el fiscal Germán
Pavón Gómez aseguro tener una grabación en
donde se aseguraría que Meléndez habría
recibido de los Nule un carro, un apartamento, 250 millones en
efectivo y otros bienes que en total sumarian $
450.000.000.oo.

RESUMEN

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han
reconocido que una de las mayores vías para el
apoderamiento de los recursos oficiales es la contratación
pública. A través de esta, funcionarios y
particulares han logrado importantes dividendos del erario con
variadas formas que van desde la intervención fraudulenta
en la selección de los contratistas, pasando por
sobrecostos, adulteración de los contratos y hasta la
simulación total de estos.

La existencia de este "modus vivendi" ha estado muy
cercana a las elites del poder, que en forma aislada o de consuno
ponen en funcionamiento el andamiaje de la administración
para lograr grandes dividendos en la gestión de los
recursos del Estado.

Aunque la autonomía de las ramas del poder
público, que garantiza la existencia del régimen
democrático y del Estado de Derecho, pareciera

2que hace inviable los pactos para sacar provecho
personal a esas dignidades, el caso en estudio demuestra todo lo
contrario, pues las ganancias obtenidas por importantes miembros
del parlamento y más de un centenar de contratistas no
habrían sido posibles sin la concertación con altos
funcionarios del Gobierno, que autorizaron la adición
extraordinaria al presupuesto del Congreso.

CONCLUSIÓN

Con el tiempo la política se volvió un
ritual de confirmación de dirigentes y caciques locales y
nacionales, que lograban el apoyo electoral con favores, becas,
puestos para algún familiar, entre muchos otros favores,
mientras el conflicto social no encuentra canales de
organización y expresión, por lo tanto la Auditoria
Forense puede ayudar a realizar las investigaciones forense, por
los fraudes cometidos por ellos, determinando las evidencias y
las pruebas necesarias, para la Administraciòn de
Justicia.

Es necesario tener un control efectivo de la
corrupción que implica abordar todos sus protagonistas y
actores. Por esta razón, es tan importante que en las
herramientas que el Estado implementa para enfrentar el
fenómeno. no se deje atrás el rol del particular o
de la empresa privada, que en pocos casos lidera la iniciativa de
los actos de corrupción. Y aunque desde el punto de vista
de la responsabilidad el reproche puede considerar menos lesiva
la actitud del particular, lo cierto es que pocos casos de
corrupción pública se realizan sin que los
intereses privados estén de por medio, o que estos
también participen de esa corrupción.

Es importante que las instituciones de justicia obren
con el mismo rigor que se ejerce con los particulares, para que
esa desigualdad en el tratamiento institucional contra la
corrupción no termine convalidando la iniciativa de las
organizaciones empresariales del sector privado en la venta de la
función pública.

Es necesario tomar conciencia del cumplimiento de las
normas, políticas y procedimientos establecidos para el
sector Político y para los políticos actores del
buen desempeño de sus funciones Públicas, donde con
las investigaciones que realiza el Auditor Forense quien
actúa como perito auxiliar de la justicia, determine
quiénes son los delincuentes de cuello blanco en la
política, con las suficientes evidencias y pruebas para
enjuiciar a los defraudadores del Estado y quienes delinquen en
contra de la sociedad, donde se pueda valorar los daños
desde lo cuantitativo y cualitativo de los delitos
cometidos.

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– Constitución Nacional de
1991.

NOTAS:

1 Juan Mauricio López

2 Esposito, Roberto, Arendt,
Hannah.

3 Ibídem

4
wikipedia.org/wiki/Política

5
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ge
r1/gloecopro.htm

6 Steven Levitsky, Lucan A. Way y
Traducción de Darío López
López

7 Ibídem

8 Melo González Jorge Orlando,
Revista Credencial

9 Melo González Jorge Orlando,
Revista Credencial

10
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica

11 Contraloría General de la
Republica

12 Algunas de las cifras del fraude y la
corrupción publicadas por Alejandro Morales Tobón |
Publicado el

27 de marzo de 2010

13 Ibídem

14 Ibídem

15 Tomado del Diario ADN del jueves 24 de
marzo del 2011

Autor:

MG CP Álvaro Fonseca
Vivas